Ciudad de México, 10 de septiembre de 2024
Jueces, representantes del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, así como, trabajadores del Poder Judicial Federal de México, denunciaron ante Observadores Internacionales que asisten para ser veedores del debate de la Reforma Judicial, “la persecución política a la que han sido sometidos por el régimen del presidente Andrés Manuel López Obrador para que se apruebe una reforma que destruye la división de poderes y busca subordinar el Poder Judicial al Poder Ejecutivo, destruyendo la autonomía e independencia de este poder del Estado mexicano”.
La Comisión de Controversias y Paz de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, envió a un grupo de 15 observadores electorales de 10 países para que den seguimiento al proceso legislativo de la Reforma Judicial presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión, que fue aprobada en medio de una gran controversia en la Cámara de los Diputados y ahora se encuentra en el Senado de la República, para continuar el trámite legislativo. Los enviados por el organismo multilateral han solicitado reuniones a todos los partidos políticos de México, así como, a integrantes del poder judicial y sectores políticos y sociales que intervienen en la discusión de la reforma judicial, para escuchar sus posiciones.
Durante las reuniones con legisladores del PRI, MC y PAN, los observadores internacionales recibieron las denuncias por la persecución política que sufren los senadores de estos tres partidos por parte del régimen de López Obrador, para que sea aprobada en el Senado de la República, esta reforma judicial.
“El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha utilizado a las fiscalías para perseguir a nuestros senadores que han anunciado que votarán en contra de la Reforma Judicial, asimismo han extendido el acoso político y judicial contra sus familiares, utilizando los órganos de seguridad del Estado mexicano y las fiscalías de los Estados, en clara violación al Estado de Derecho y a los principios democráticos”.
Por su parte, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación señalaron que el 5 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó ante el Congreso de la Unión una iniciativa de reformas constitucionales dirigida a elegir por voto popular a ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), jueces y juezas, así como a magistrados y magistradas federales; reducir su duración en el cargo; vincular sus salarios a los del Poder Ejecutivo; y crear un tribunal disciplinario judicial, cuya elección también sería por votación popular.
Estas propuestas, señalaron, constituyen una amenaza directa a la independencia judicial, ponen en peligro los derechos de las minorías y son contrarias a los estándares internacionales sobre la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, así como la división de poderes. De aprobarse, advirtieron, estas propuestas socavarían las bases fundamentales del Estado de derecho en México.
Señalaron que la iniciativa es la más reciente de una serie de ataques por parte del Poder Ejecutivo a la autoridad judicial. Estos ataques se iniciaron después de que la SCJN invalidara varias propuestas legislativas del Gobierno actual, por considerarlas inconstitucionales. La aprobación de tales reformas afectaría el principio de separación de poderes y al sistema de frenos y contrapesos, ambos cruciales para una democracia.
“Pedimos a todos ustedes que informen al mundo, a los organismos de derechos humanos, la afectación que provocaría la aprobación de esta Reforma Judicial, una reforma motivada en el odio y rencor del Presidente de la República en contra el Poder Judicial por no haber cedido a sus presiones y aprobar resoluciones conforme a derecho”.
La Comisión de observadores internacionales, pidieron al Gobierno mexicano cesar toda persecución política contra opositores, respetar los derechos humanos y observar los principios y valores de la democracia, que permiten la convivencia social.
Informaron que se encuentran elaborando un informe con todos las denuncias que han recibido de los diferentes actores políticos en México, para presentarla ante el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el alto comisionado de los derechos Humanos, Volker Türk, la OEA, Unión Europea, el Parlamento Europeo y organismos regionales como Parlatino, Parlasur y Parlacen.